La criminalización de la prensa en México ha tomado un giro alarmante. Acusaciones de terrorismo y lavado de dinero se han convertido en herramientas para intimidar y silenciar a periodistas, socavando no solo sus derechos individuales, sino también el derecho de la sociedad a estar informada.

La libertad de prensa en México enfrenta una amenaza sin precedentes. Lo que antes eran agresiones físicas y amenazas, ahora se complementa con acusaciones de delitos graves como terrorismo y lavado de dinero, instrumentalizadas para desmantelar investigaciones periodísticas y generar un clima de autocensura. Esta estrategia de criminalización, aunque parezca novedosa, responde a una lógica perversa: atacar la credibilidad del periodista y aislarlo de su audiencia, paralizando así su capacidad de denuncia.

El uso de cargos de terrorismo y lavado de dinero como armas de control tiene efectos devastadores. En primer lugar, implica la aplicación de leyes severas y procedimientos judiciales complejos que pueden prolongarse durante años, consumiendo recursos personales y profesionales del periodista acusado. En segundo lugar, genera un estigma social que dificulta su labor y pone en riesgo su seguridad. Finalmente, y quizás lo más grave, erosiona la confianza pública en los medios de comunicación y en la capacidad de la prensa para ejercer su función de contrapeso al poder.

La criminalización de la prensa no es un problema aislado; es un síntoma de un sistema que busca silenciar las voces críticas y proteger intereses particulares. Combatir esta amenaza requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación y las autoridades. Es fundamental fortalecer los mecanismos de protección a periodistas, garantizar la independencia judicial y promover una cultura de respeto a la libertad de expresión. La defensa de la libertad de prensa es la defensa de la democracia.