México enfrenta un escrutinio internacional por la persistencia de la impunidad en casos de tortura, a pesar de los avances legislativos. El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU ha puesto de manifiesto las dificultades que aún existen para investigar estos crímenes de manera efectiva y oportuna.

La visita más reciente del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) a México ha dejado un sabor agridulce. Si bien se reconocen los esfuerzos legislativos realizados por el país para adecuar su marco legal a los estándares internacionales en materia de prevención y sanción de la tortura, la realidad sobre el terreno sigue siendo preocupante. El hilo conductor que une la evaluación del SPT es la persistencia de la impunidad, un problema endémico que socava la credibilidad de las instituciones y perpetúa un ciclo de violencia y abusos.

Uno de los principales obstáculos señalados por el SPT es la dificultad para garantizar investigaciones prontas y efectivas de las denuncias de tortura. Retrasos burocráticos, falta de recursos, capacitación inadecuada de los funcionarios encargados de la investigación y, en algunos casos, incluso la colusión de las autoridades, impiden que se haga justicia a las víctimas y que los perpetradores rindan cuentas por sus actos. Esta situación genera desconfianza en el sistema de justicia y alienta a que la tortura se siga utilizando como una herramienta de control y represión.

La información original fue publicada por SinEmbargo MX, señalando la necesidad urgente de abordar las causas estructurales de la impunidad y fortalecer los mecanismos de prevención y protección para garantizar que la tortura sea erradicada por completo de México. El cumplimiento efectivo de las recomendaciones del SPT se presenta como un paso crucial para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar el respeto a los derechos humanos de todas las personas.