En una sesión unánime, la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó una ley de amnistía promovida por el gobierno. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado reservas sobre la amplitud y los potenciales beneficiarios de la medida.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía tras el segundo debate reglamentario, un texto que fue rubricado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La aprobación marca un hito en el panorama político venezolano, buscando, en teoría, promover la reconciliación y el cierre de heridas del pasado.

No obstante, la legislación ha suscitado críticas por parte de diversas organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que su alcance es limitado y que podría dejar fuera a un número significativo de personas consideradas presos políticos o víctimas de persecución. Específicamente, se cuestiona la definición de los delitos amnistiados y los criterios de elegibilidad, lo que genera incertidumbre sobre quiénes realmente se beneficiarán de esta medida.

La controversia en torno a la ley de amnistía subraya las profundas divisiones políticas que persisten en Venezuela y la necesidad de un diálogo inclusivo que aborde las preocupaciones de todos los sectores de la sociedad. El impacto real de esta ley en la situación de los derechos humanos en el país se evaluará con el tiempo, observando de cerca su aplicación y los resultados concretos que genere.