El gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado un polémico decreto ley que incrementa las penas carcelarias y otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad. La medida responde a una creciente preocupación social por el aumento de incidentes violentos protagonizados por adolescentes en el país.
El nuevo marco legal establece penas de hasta dos años de prisión para los padres que no aseguren la escolarización de sus hijos, buscando combatir el abandono escolar como principal factor de riesgo. Asimismo, se ha reducido la edad a la que un menor puede ser detenido en flagrancia y se han ampliado las herramientas de vigilancia policial en entornos urbanos conflictivos.
El decreto, conocido como 'Decreto Caivano', fue impulsado tras la conmoción nacional por casos de abuso y violencia extrema en zonas vulnerables. Las autoridades argumentan que el endurecimiento de la ley es necesario para restaurar el orden y prevenir la reincidencia, enviando un mensaje contundente de que la edad no es una excusa para la impunidad.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas en pedagogía han expresado su preocupación, advirtiendo que el enfoque exclusivamente punitivo podría ser contraproducente. Argumentan que el sistema requiere inversiones en programas de reinserción social y apoyo psicológico, en lugar de una mayor presencia policial y el confinamiento de menores en centros de detención.
