El especialista Alfredo Delgadillo aseguró que no se requiere modificar el marco legal actual para integrar herramientas de inteligencia artificial en la administración pública. Sostuvo que el secreto radica en aplicar correctamente las normas existentes y apostar por el desarrollo de software soberano.

Frente al debate sobre la necesidad de crear nuevas normativas específicas para la inteligencia artificial en el sector público, voces expertas señalan que el andamiaje jurídico actual es suficiente. Según el especialista Alfredo Delgadillo, la clave para proteger los derechos ciudadanos y mantener el control absoluto de los datos no reside en legislar de más, sino en hacer cumplir con eficacia las leyes que ya rigen en el país.

Además del cumplimiento normativo, Delgadillo enfatizó la importancia estratégica de que las instituciones gubernamentales desarrollen su propia tecnología. El uso de software propio representa una alternativa sólida frente a la dependencia de soluciones extranjeras o privadas, minimizando riesgos de vulneración de información confidencial y garantizando la transparencia en los procesos.

Esta postura pone el foco en la capacidad operativa del Estado más allá de la creación de nuevas leyes. Para los analistas, el verdadero reto de la administración pública mexicana no es la falta de regulación, sino la implementación técnica y el compromiso institucional para vigilar el uso ético y soberano de las tecnologías emergentes.