El gobierno israelí ha aprobado una controvertida medida que intensifica las tensiones en Cisjordania. Se trata del inicio de un proceso de registro de tierras sin precedentes desde 1967, lo que ha generado fuertes críticas y acusaciones de anexión por parte de la Autoridad Nacional Palestina.

El domingo, Israel dio luz verde a una iniciativa que busca registrar tierras en la Cisjordania ocupada. Esta acción, justificada por el gobierno israelí como una medida de seguridad necesaria, ha sido recibida con indignación por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que la considera un paso más hacia la anexión de facto del territorio en disputa. El proceso de registro, el primero de esta magnitud en más de medio siglo, abarcará áreas clave de Cisjordania, incrementando la preocupación entre los palestinos sobre la expansión de asentamientos israelíes y la progresiva erosión de sus perspectivas de un Estado independiente.

La decisión israelí se produce en un contexto de creciente tensión en la región, marcado por la persistencia de la ocupación, la expansión de los asentamientos judíos y los continuos enfrentamientos entre fuerzas israelíes y grupos palestinos. La ANP ha condenado enérgicamente la medida, calificándola de “violación flagrante del derecho internacional” y un “intento descarado de consolidar la ocupación”. Voceros palestinos advierten que este movimiento socava aún más las posibilidades de una solución pacífica al conflicto y profundiza la desconfianza mutua.

La comunidad internacional observa con cautela la situación, instando a ambas partes a evitar acciones que puedan exacerbar la tensión. Sin embargo, la implementación de este registro de tierras por parte de Israel representa un desafío directo a las resoluciones de la ONU y a las aspiraciones palestinas de autogobierno, generando incertidumbre sobre el futuro de la región y la viabilidad de un acuerdo de paz duradero.