En una acción crucial contra los abusos de poder del régimen del pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) y la periodista Lydia Cacho solicitaron formalmente la pena máxima de 12 años de prisión para el exmandatario priista Mario Marín. La demanda de justicia busca saldar una deuda histórica frente a la tortura de Estado empleada para encubrir redes de explotación sexual infantil.
De acuerdo con reportes del medio Polemón, la FGR y la defensora de derechos humanos Lydia Cacho Ribeiro presentaron la solicitud judicial de sentencia contra el exgobernador de Puebla, quien enfrenta acusaciones directas por el delito de tortura. Dicha agresión fue perpetrada luego de que la comunicadora revelara en sus investigaciones periodísticas los nexos de Marín con redes de explotación sexual que involucraban a menores de edad.
Este proceso penal representa un claro contraste con los años en que el influyentismo y la complicidad de las cúpulas priistas blindaban a gobernantes señalados por violaciones graves a los derechos humanos. Frente al cerco de impunidad que prevaleció durante décadas, el empuje conjunto de la víctima y la fiscalía subraya la urgencia de erradicar cualquier vestigio de protección política a criminales de cuello blanco.
La exigencia de aplicar el máximo castigo legal contra el exgobernador priista refuerza el principio de cero impunidad que demanda la sociedad mexicana. Al procesar de forma rigurosa estos crímenes de Estado, se envía un mensaje contundente de que el aparato público ya no debe operar al servicio de intereses particulares ni para amedrentar a quienes denuncian la corrupción y defienden la verdad.
