La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha implementado una renovada política de comunicación social, marcando un hito en la forma en que interactúa con la ciudadanía. Esta nueva normativa establece claras restricciones para el uso de recursos públicos y plataformas digitales institucionales, buscando asegurar la objetividad y el carácter meramente informativo de su difusión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado a conocer su actualizada política de comunicación social, una medida que busca redefinir los parámetros de interacción del máximo tribunal con la opinión pública. La nueva directriz establece un marco riguroso para la difusión de información, subrayando el compromiso con la transparencia y la objetividad institucional en el ejercicio de sus labores.

Entre las disposiciones más destacadas de este nuevo reglamento, se prohíbe explícitamente el uso de recursos públicos y de las redes sociales oficiales de la institución para cualquier tipo de promoción personalizada de sus integrantes o con fines partidistas. Esta prohibición apunta a evitar desviaciones del propósito primario de la comunicación judicial, que es servir al interés público y la divulgación imparcial de sus decisiones y actividades.

En su lugar, la política exige que toda difusión emanada de la SCJN mantenga un carácter estrictamente institucional e informativo. Con ello, se pretende garantizar que los mensajes transmitidos reflejen únicamente la labor jurisdiccional y administrativa del organismo, fortaleciendo así la confianza ciudadana en la imparcialidad y neutralidad de sus acciones. Esta medida representa un paso significativo en la evolución de las estrategias de comunicación de una de las instituciones más relevantes del país, buscando una mayor rendición de cuentas y apego a su misión constitucional.