En el noreste de Siria, la reconfiguración del poder amenaza a miles de familias de presuntos yihadistas. Con el control gradual de la región por parte de Damasco, tras un acuerdo con las fuerzas kurdas, el destino de estas personas, retenidas en campamentos desde hace años, se vuelve cada vez más precario.

El acuerdo entre las fuerzas pro-kurdas y el Gobierno central sirio ha puesto en el centro del debate la situación de las familias de presuntos combatientes del Estado Islámico, quienes se encuentran recluidas en campos del noreste del país. La incertidumbre sobre su futuro es palpable, ante la aparente negativa de sus Estados de origen a repatriarlos, argumentando riesgos de seguridad y la complejidad de la situación legal de los individuos.

Las condiciones de vida en estos campamentos son extremadamente precarias, con denuncias constantes de falta de acceso a servicios básicos como agua potable, alimentos y atención médica. Esta situación, según expertos, podría generar un caldo de cultivo para la radicalización, revirtiendo los esfuerzos de desradicalización que se hayan podido implementar. Chris Huby, documentalista francés experto en la región, advierte sobre el peligro de que la desesperación y la falta de oportunidades lleven a una re-radicalización de los detenidos, perpetuando así el ciclo de violencia.

La comunidad internacional se enfrenta a un dilema ético y legal. Mientras que algunos países abogan por soluciones locales, otros insisten en la necesidad de repatriar a sus ciudadanos, asumiendo la responsabilidad de juzgarlos y rehabilitarlos. La falta de una respuesta coordinada y eficiente agrava la situación y deja a miles de personas, incluyendo niños, atrapados en un limbo legal y humanitario.