Ecuador se encuentra nuevamente bajo estado de excepción, decretado por el presidente Daniel Noboa en respuesta a lo que considera una "grave conmoción interna". La medida, que afecta a ciudades clave como Quito y Guayaquil, busca fortalecer la ofensiva contra el crimen organizado.

El presidente Daniel Noboa ha reactivado el estado de excepción en Ecuador, argumentando la necesidad de enfrentar con mayor contundencia al crimen organizado que opera en el país. La decisión, justificada por la existencia de una "grave conmoción interna", permite la suspensión de ciertos derechos fundamentales en áreas específicas, incluyendo la capital, Quito, y la ciudad portuaria de Guayaquil, los dos centros urbanos más importantes de la nación.

Bajo este régimen de excepción, las fuerzas del orden, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, quedan facultadas para llevar a cabo allanamientos de morada e interceptar comunicaciones privadas sin la previa autorización judicial que normalmente se exige. El objetivo declarado es desarticular bandas criminales y neutralizar amenazas a la seguridad ciudadana, que según el gobierno, han escalado a niveles alarmantes. Esta medida representa un endurecimiento de la política de seguridad del gobierno de Noboa.

Críticos de la medida señalan la potencial vulneración de derechos civiles y la necesidad de un escrutinio riguroso para evitar abusos de poder. No obstante, el gobierno defiende la decisión como una herramienta esencial para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población frente a la creciente influencia del crimen organizado en Ecuador.