En un esfuerzo por proteger la privacidad y seguridad personal, una legisladora en Zacatecas ha presentado una iniciativa para criminalizar el rastreo ilícito de personas. La propuesta busca llenar un vacío legal existente y sancionar a quienes utilicen tecnología para vigilar a otros sin su permiso expreso.

La diputada Dayanne Cruz Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó ante el Congreso de Zacatecas una iniciativa para tipificar como delito el rastreo ilegal de personas. Argumentó que el avance tecnológico, si bien ha traído beneficios, también ha abierto la puerta a nuevas formas de vulnerar la privacidad y seguridad individual.

La propuesta de ley busca sancionar a quienes, sin consentimiento ni justificación legal, instalen u operen dispositivos o herramientas tecnológicas para monitorear, registrar, transmitir o inferir la ubicación y los desplazamientos de una persona. La pena propuesta oscila entre uno y dos años de cárcel para quien realice actividades de vigilancia sin consentimiento, y de dos a cuatro años para quien usurpe la identidad de una persona o incurra en espionaje digital. Las penas se agravarían si la víctima es menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad, o si existe o existió una relación de pareja entre la víctima y el agresor.

Durante la sesión ordinaria del 10 de marzo, Cruz Hernández señaló que el Código Penal vigente no contempla explícitamente el delito de rastreo sin consentimiento, lo que dificulta la investigación y sanción de estas prácticas. La legisladora también propuso una pena de seis meses a dos años para el delito de acoso digital. La iniciativa responde a la creciente preocupación por el uso indebido de dispositivos de rastreo, que pueden ser utilizados tanto para fines legítimos como para el acoso y el control.