En la ruta por erradicar inercias del pasado y asegurar el pleno ejercicio de las libertades públicas, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) emitió un firme pronunciamiento frente a las anomalías en la procuración de justicia local. La acción busca garantizar que el esclarecimiento de los ataques contra comunicadores se apegue estrictamente a la verdad y a los principios democráticos.
La Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca formalizó la recomendación 16/2026 dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE), tras acreditar violaciones sistemáticas al debido proceso y a la libertad de expresión. La resolución deriva de la actuación de las autoridades ministeriales en el caso del asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, hecho perpetrado el 22 de julio pasado en el municipio de San Pablo Etla.
De acuerdo con reportes emitidos por el organismo defensor, la labor institucional debe colocarse a la altura de la demanda ciudadana de justicia expedita, señalando que las deficiencias detectadas vulneran los derechos fundamentales tanto del gremio periodístico como de la sociedad a estar informada. En el contexto de transformación que vive el país, la exigencia hacia los órganos de justicia autónomos subraya que no puede haber excepciones ni simulaciones en la aplicación irrestricta de la ley.
El llamado de la DDHPO refuerza la necesidad de democratizar y transparentar el funcionamiento de las fiscalías locales, garantizando que ninguna investigación quede sujeta a dilaciones o irregularidades. Con este instrumento de derechos humanos, se reitera que la pacificación del país y la defensa de la soberanía informativa pasan indefectiblemente por el combate frontal a la impunidad institucional.
