El Congreso de Chile dio luz verde a una nueva legislación que busca simplificar los procesos de deportación administrativa. La normativa otorga facultades adicionales a las fuerzas de seguridad para ejecutar órdenes de salida del país.
En una sesión clave celebrada este 20 de octubre, el Senado chileno aprobó un proyecto de ley diseñado para dotar al Estado de herramientas más eficaces en materia migratoria. La nueva disposición permite que la policía, tras obtener una autorización judicial, pueda ingresar a domicilios privados con el objetivo de detener a individuos que cuentan con órdenes de expulsión vigentes.
La reforma no solo se limita a la logística de las detenciones, sino que también endurece significativamente las sanciones para quienes intenten reingresar al territorio nacional de manera irregular. Asimismo, se han establecido mecanismos para la expulsión inmediata en ciertos casos vinculados a procesos penales, buscando agilizar la respuesta del sistema frente a la comisión de delitos.
Esta medida responde a una creciente presión política en Chile por mejorar el control de las fronteras y regularizar la situación de los extranjeros en el país. Con la aprobación del Senado, el proyecto avanza en su trámite legislativo, consolidándose como una de las políticas migratorias más estrictas de la región en los últimos años.
