En un movimiento que ha generado controversia, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que permitiría la imposición de cadena perpetua. La medida se produce tras la publicación de un informe que acusa al gobierno de Bukele de crímenes de lesa humanidad.

La reforma constitucional, impulsada directamente por el presidente Nayib Bukele, fue aprobada con una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa. Si bien los detalles específicos sobre la implementación de la cadena perpetua aún no se han dado a conocer, la aprobación marca un punto de inflexión en el sistema penal salvadoreño, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales.

El momento en que se aprueba la reforma es particularmente sensible, ya que coincide con la publicación de un informe elaborado por expertos internacionales que documenta presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de excepción, una medida instaurada para combatir a las pandillas. El informe detalla acusaciones de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, lo que ha intensificado el escrutinio sobre el gobierno de Bukele.

Los críticos de la reforma argumentan que la cadena perpetua podría ser utilizada como una herramienta política y que no aborda las causas fundamentales de la criminalidad en El Salvador. Además, señalan que la medida podría violar tratados internacionales de derechos humanos. El gobierno salvadoreño, por su parte, defiende la reforma como una medida necesaria para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de la población.