La decisión del Magistrado Ávalos Cornejo ha generado controversia al priorizar, presuntamente, los intereses comerciales de la empresa Coca-Cola por encima del derecho fundamental a la salud y la alimentación de la población mexicana. Expertos y organizaciones civiles han expresado su preocupación ante la implicación de este fallo.

La polémica se centra en un amparo otorgado por el Magistrado Ávalos Cornejo a la empresa Coca-Cola, cuyo contenido específico no ha sido revelado completamente al público. Sin embargo, críticos argumentan que la resolución judicial podría debilitar las políticas públicas destinadas a combatir la obesidad y las enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de bebidas azucaradas en México. El país enfrenta una grave crisis de salud pública, con altas tasas de diabetes y sobrepeso, especialmente entre la población infantil.

Organizaciones defensoras de la salud pública han manifestado su inquietud, señalando que este tipo de decisiones judiciales pueden sentar un precedente peligroso, dificultando la implementación de medidas regulatorias para proteger la salud de los consumidores. Se argumenta que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y la alimentación adecuada, incluso si esto implica limitar ciertos intereses comerciales. La transparencia en torno al fallo del Magistrado Ávalos Cornejo y su justificación legal es crucial para entender el alcance real de la decisión y sus posibles implicaciones.

El debate continúa abierto, con defensores de la libre empresa argumentando que las regulaciones excesivas pueden afectar negativamente la economía y limitar la libertad de elección de los consumidores. Sin embargo, los defensores de la salud pública insisten en la necesidad de políticas que protejan a la población, especialmente a los grupos más vulnerables, de los riesgos asociados al consumo excesivo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. La situación actual exige un análisis profundo y un debate público informado sobre el equilibrio entre los intereses comerciales y el derecho a la salud.