El Departamento de Justicia bajo la administración de Donald Trump intenta reactivar un proceso penal contra el exdirector del FBI, James Comey. La defensa legal argumenta que la acusación carece de validez jurídica debido a la expiración de los plazos legales establecidos.
El Departamento de Justicia de la Administración Trump busca imputar formalmente al exjefe del FBI, James Comey, por la supuesta divulgación de información sensible al diario The New York Times, un hecho que presuntamente ocurrió en 2016, hace ya una década.
Ante esta nueva ofensiva judicial, los abogados defensores sostienen que la acusación es jurídicamente inválida. Su principal argumento radica en que el Gobierno federal no presentó dentro del plazo legal estipulado el tipo de imputación requerido por la legislación estadounidense para este tipo de delitos.
Derivado de esta situación, la defensa ha solicitado formalmente a un juez federal que desestime el caso por completo. El proceso mantiene la atención pública en Estados Unidos debido al trasfondo político que envuelve la relación entre la administración y las altas esferas de la agencia de investigación.
