El gobierno de México ha rechazado contundentemente un informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), acusándolo de ser tendencioso y carente de rigor jurídico. La administración federal argumenta que el informe ignora información crucial y avances significativos en la materia.

Las autoridades mexicanas han expresado su firme desacuerdo con las conclusiones presentadas por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) en su más reciente informe. Calificando el documento de "tendencioso y falto de rigor jurídico", el gobierno federal ha cuestionado la metodología empleada y la validez de las acusaciones vertidas.

Según un comunicado oficial, el gobierno mexicano alega que el CED no consideró adecuadamente las "observaciones, análisis y actualizaciones presentadas" por las autoridades. Se argumenta que esta información desmiente las afirmaciones del comité y demuestra que los argumentos presentados "no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019, y en particular desde 2025".

El rechazo del informe por parte del gobierno mexicano subraya la tensión existente en torno a la cuestión de la desaparición forzada en el país. El ejecutivo federal insiste en que ha implementado medidas significativas para abordar el problema y mejorar la respuesta institucional. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas continúan expresando su preocupación por la persistencia de la impunidad y la falta de avances sustanciales en la búsqueda y localización de las víctimas.