Ecuador experimentó otro toque de queda, finalizado el 18 de mayo. El gobierno de Daniel Noboa apuesta por la militarización, pero analistas dudan de su efectividad.

El reciente toque de queda en Ecuador, el segundo en lo que va del año 2026, concluyó el 18 de mayo. Esta medida, junto con la declaración de estado de excepción, representa la principal estrategia del gobierno de Daniel Noboa para combatir el crimen organizado. Desde que asumió el poder a finales de 2023, más del 90% del tiempo el país ha permanecido bajo alguna forma de estado de excepción, evidenciando una apuesta firme por la militarización como respuesta a la creciente inseguridad.

Sin embargo, la efectividad de esta estrategia es objeto de debate. Si bien el gobierno argumenta que estas medidas han permitido reducir la violencia y desarticular bandas criminales, analistas y expertos en seguridad señalan que la militarización, por sí sola, no aborda las causas profundas del problema. Critican la falta de inversión en políticas sociales, la debilidad de las instituciones y la corrupción como factores que alimentan el crimen organizado.

Además, se cuestiona el impacto de los estados de excepción y toques de queda en los derechos civiles y económicos de la población. Las restricciones a la movilidad y a las actividades económicas pueden generar un costo social significativo, especialmente para los sectores más vulnerables. La discusión sobre la mejor manera de combatir el crimen en Ecuador continúa, con la necesidad de equilibrar las medidas de seguridad con el respeto a los derechos fundamentales y la implementación de políticas integrales.