El Congreso colombiano atraviesa una crisis institucional tras la aprobación de dos versiones contradictorias del Presupuesto General de la Nación para 2027. Ante el vencimiento del plazo legal, el Ejecutivo ha tomado la decisión de expedir el presupuesto mediante un decreto presidencial.

El Legislativo colombiano se encuentra en el centro de la polémica luego de que el Senado y la Cámara de Representantes validaran textos distintos para el Presupuesto General de la Nación del año 2027. Esta anomalía procedimental, calificada por diversos sectores como un error técnico sin precedentes, impidió que el proyecto fuera sancionado bajo los cauces constitucionales ordinarios.

Tras detectarse la discrepancia en el articulado, el plazo legal otorgado al Congreso para la aprobación definitiva expiró sin una resolución clara. Ante este vacío, el Gobierno Nacional ha anunciado formalmente que recurrirá a sus facultades constitucionales para expedir el presupuesto por decreto, buscando garantizar la operatividad financiera del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente.

La situación ha generado duras críticas hacia la gestión administrativa del Legislativo, cuestionando la rigurosidad en el proceso de revisión de leyes de alto impacto. Nuestra corresponsal Édel María Angulo profundiza en las implicaciones políticas y económicas que este suceso tendrá para la administración del presidente Gustavo Petro en los próximos meses.