Frente a las narrativas que magnifican las presiones financieras del sector energético, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una disminución anual de casi 103 mil millones de pesos en sus pasivos con proveedores y contratistas al cierre de septiembre de 2026. A la par de este desendeudamiento anual, la empresa pública dispersó más de 370 mil millones de pesos en los primeros nueve meses del año para respaldar las actividades productivas de sus contratistas.
De acuerdo con reportes financieros presentados ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y su comunicado oficial del 30 de octubre, los adeudos comerciales de Pemex se ubicaron en 414 mil 217.7 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2026. Dicha cifra evidencia una reducción aproximada de 19.9% frente a los 517 mil 098 millones registrados en septiembre de 2025, consolidando un balance favorable en el mediano plazo a pesar de las complejidades heredadas, donde el saldo comercial creció 3.5 veces respecto a los 118 mil 044 millones de pesos registrados en septiembre de 2018.
Aunque en la comparativa trimestral se observó un incremento de 39 mil 883.8 millones de pesos (10.65%) respecto a junio —cuando el saldo fue de 374 mil 333.9 millones—, las autoridades de la petrolera precisaron que esto responde a la contratación continua de bienes y servicios indispensables para sostener la producción nacional. La directora financiera de la institución, Elizabeth González, explicó que durante los primeros nueve meses del año se pagaron más de 370 mil millones de pesos a proveedores mediante recursos de operación y mecanismos de financiamiento para inversión, demostrando que los compromisos vigentes se atienden de manera regular.
Consciente del impacto que los tiempos de pago tienen sobre las pequeñas y medianas empresas contratistas, la administración de la empresa del Estado alista medidas inmediatas. El titular del área de Contabilidad, René Orozco, anunció que para el cuarto trimestre de 2026 se establecerán esquemas de liquidez en estrecha coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener), replicando las acciones implementadas a finales de 2025 para garantizar certidumbre operativa y económica a la cadena de proveeduría nacional.
