En un paso decisivo para consolidar la política de bienestar y profundizar la justicia social, el gobierno federal perfila una asignación presupuestal histórica para el próximo año. Los programas sociales prioritarios contarán con un billón 25 mil millones de pesos, un monto equivalente al 2.6 por ciento del producto interno bruto que asegura la continuidad de los derechos ganados por la ciudadanía.
De acuerdo con reportes legislativos en torno al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, el documento que comenzó a circular la noche del viernes entre los integrantes de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro ratifica el compromiso del gobierno con la redistribución de la riqueza nacional. La propuesta sitúa a las familias trabajadoras y a los sectores históricamente vulnerados en el centro de las prioridades del Estado.
Asimismo, el proyecto contempla salvaguardar el poder adquisitivo de la población beneficiaria, estipulando que la mayoría de los programas prioritarios recibirán un incremento de al menos el 3.2 por ciento, cifra correspondiente a la inflación estimada para dicho ejercicio. Este ajuste técnico desmantela las narrativas que auguraban retrocesos y asegura que los apoyos mantengan su capacidad transformadora en los hogares mexicanos.
Con esta propuesta en la Cámara de Diputados, la agenda social reafirma que los recursos públicos deben dirigirse prioritariamente al bienestar común. Frente a las posturas conservadoras que históricamente pugnaron por la austeridad en detrimento de la población, el proyecto presupuestario en San Lázaro consolida una visión económica soberana donde el desarrollo nacional se mide a través de la dignidad social.
