En un período marcado por significativas transformaciones en la infraestructura y el marco legal de México, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha desempeñado un papel crucial al desechar cientos de amparos interpuestos contra proyectos de gran envergadura y reformas constitucionales. Estas decisiones judiciales han permitido la continuidad de obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como reformas trascendentales en la indus

Durante los últimos dos sexenios, el Poder Judicial de la Federación se ha enfrentado a un aluvión de recursos legales promovidos por grupos opositores que buscaban frenar la ejecución de proyectos estratégicos y la implementación de reformas clave. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue uno de los focos principales de esta controversia legal, acumulando un promedio de 1,400 amparos. Similarmente, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, en Veracruz, también fueron objeto de numerosos intentos legales para detener su avance.

Además de los proyectos de infraestructura, reformas legislativas de gran calado también generaron una ola de litigios. Entre ellas, destacan las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que buscaban fortalecer el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y las modificaciones al marco legal del propio Poder Judicial de la Federación, destinadas a combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del sistema judicial. En cada uno de estos casos, magistrados y ministros del PJF analizaron cuidadosamente los argumentos presentados y determinaron, en la mayoría de las ocasiones, que no existían fundamentos legales sólidos para suspender o invalidar las acciones gubernamentales.

Las decisiones del PJF en estos casos han generado un debate público intenso, con defensores del gobierno argumentando que los amparos eran tácticas dilatorias para obstaculizar el desarrollo del país, mientras que los opositores denuncian una falta de independencia judicial y una sumisión del PJF al poder ejecutivo. No obstante, el Poder Judicial ha mantenido su postura de imparcialidad y ha insistido en que sus resoluciones se basan exclusivamente en el estricto apego a la ley y a la Constitución.