La polémica por la disminución de sentencias a medio centenar de agresores sexuales en Chile se intensifica. La medida, impulsada por la administración de José Antonio Kast, pone contra las cuerdas al titular de Justicia.
Santiago de Chile.- La controversia en torno a la reducción de penas aplicada a 56 personas condenadas por delitos de pederastia en territorio chileno continúa escalando sin pausa. Las medidas de gracia, otorgadas durante el último semestre por la administración del presidente José Antonio Kast, han generado un profundo rechazo social y político en el país sudamericano.
El centro de las críticas recae directamente sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien es señalado como el principal autor y responsable político de estos indultos y rebajas, conocidos coloquialmente como "perdonazos". Diversos sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil han cuestionado duramente la decisión, argumentando que vulnera la protección de la infancia y debilita la confianza en el sistema judicial.
A pesar de los cuestionamientos, la administración central ha defendido las medidas bajo criterios legales, aunque la presión sobre el gabinete sigue en aumento. Analistas políticos advierten que este episodio podría marcar un punto de inflexión en la gestión de Rabat y en la estabilidad del gobierno de Kast, al agudizar la percepción de debilidad institucional frente a delitos de alta gravedad social.
