Un fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha condenado al Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos Durand en 1997, un caso emblemático de las políticas implementadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. La sentencia reconoce, por primera vez, la existencia de una política estatal masiva de esterilizaciones forzadas, calificándola como una forma de violencia reproductiva.

La CorteIDH ha dictaminado que el Estado peruano es responsable de la violación de los derechos humanos de Celia Ramos Durand, quien fue esterilizada forzadamente "bajo coerción" en 1997 y posteriormente falleció. Este fallo sienta un precedente significativo al reconocer oficialmente la existencia de una política estatal sistemática de esterilizaciones forzadas durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori. La Corte considera que estas prácticas constituyen una forma de "violencia reproductiva", dirigida principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas de comunidades indígenas y rurales.

En su sentencia, la CorteIDH enfatiza que la política de esterilizaciones implementada por el gobierno de Fujimori no solo violó el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres afectadas, sino también su derecho a la integridad personal, a la libertad y a la no discriminación. Se constató que muchas mujeres fueron sometidas a estos procedimientos sin su consentimiento informado y bajo presiones indebidas. El caso de Celia Ramos Durand es uno de los más emblemáticos, ya que su muerte pone de manifiesto las graves consecuencias de estas prácticas.

Este fallo histórico obliga al Estado peruano a tomar medidas de reparación integral para las víctimas, incluyendo indemnizaciones económicas, acceso a servicios de salud y programas de reconocimiento público. Además, la CorteIDH insta al Estado peruano a investigar y sancionar a los responsables de estas violaciones de derechos humanos, así como a implementar políticas públicas para prevenir la repetición de estos hechos y garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres en el país.