En una votación que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó una controvertida reforma a la ley de protección de glaciares andinos. La medida, impulsada por el gobierno de Javier Milei, ha encendido las alarmas entre científicos y ambientalistas que advierten sobre graves riesgos para los recursos hídricos del país.

La modificación a la legislación, que originalmente buscaba proteger los glaciares y el permafrost del impacto de la actividad minera, permitirá ahora la explotación en ciertas zonas aledañas, argumentando la necesidad de atraer inversiones y dinamizar la economía. El gobierno de Milei defiende la reforma como un paso crucial para el desarrollo del sector minero, un pilar estratégico para la recuperación económica del país. No obstante, la iniciativa ha generado una fuerte oposición desde sectores científicos y ambientalistas, quienes denuncian que flexibilizar la ley pone en peligro las reservas de agua dulce que alimentan gran parte del territorio argentino.

Los detractores de la reforma sostienen que la actividad minera, incluso en áreas aledañas a los glaciares, puede contaminar las fuentes de agua con metales pesados y otros contaminantes, afectando la salud humana y la biodiversidad. Advierten, además, que el deshielo acelerado de los glaciares, producto del cambio climático, ya representa un desafío significativo para la disponibilidad de agua en la región, y que la actividad minera podría agravar aún más esta situación.

El debate sobre la reforma a la Ley de Glaciares ha polarizado la opinión pública argentina, evidenciando la tensión entre las necesidades económicas y la protección del medio ambiente. La controversia continúa abierta, con la sociedad civil organizada preparándose para dar batalla legal y política en defensa de los glaciares andinos, considerados un patrimonio natural de vital importancia para el futuro del país.