Bloqueos y episodios de violencia recientes exponen la fragilidad del sistema de suministro de combustibles en México. Con reservas mínimas, el país se encuentra vulnerable ante interrupciones que amenazan con paralizar la economía. La falta de una política de almacenamiento robusta deja al descubierto una preocupante realidad.

México enfrenta una situación crítica en cuanto a la seguridad de su suministro de combustibles. Los recientes bloqueos, incendios y la creciente inseguridad han puesto de manifiesto la necesidad urgente de una política de almacenamiento seria y efectiva. La actual infraestructura, diseñada para operar en condiciones normales, resulta insuficiente para afrontar situaciones de emergencia.

Desde 2017, la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos establecía el objetivo de alcanzar entre 10 y 13 días de inventario de gasolina y diésel para 2025, buscando mitigar el impacto de posibles crisis como guerras, desastres naturales o conflictos internos. Sin embargo, en 2020, esta política fue modificada, reduciendo la obligación a solo 5 días de inventario para el mismo año. Esta decisión, que minimiza la red de seguridad en un país con alta incidencia de violencia, crimen organizado y tensiones políticas, incrementa la vulnerabilidad del sistema.

Las consecuencias de esta situación son evidentes. Una interrupción seria, ya sea por sabotaje de oleoductos, cierre de puertos, bloqueos de carreteras o eventos climáticos extremos, puede generar escasez en cuestión de horas en diversas regiones. Estaciones de servicio racionando combustible, empresas limitando rutas y gobiernos estatales solicitando prioridad de suministro a Pemex son escenarios que podrían materializarse rápidamente. La discusión se ha centrado en los costos de construir infraestructura de almacenamiento, ignorando los costos mucho mayores de la vulnerabilidad que implica no tenerla. El ahorro a corto plazo se traduce en un riesgo considerable para el futuro.