China ha promulgado una ley de "unidad étnica" que formaliza la promoción del mandarín como lengua nacional en diversos ámbitos, desde la educación hasta la administración pública. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el potencial impacto negativo que esta legislación podría tener en las minorías étnicas y sus lenguas.

La Asamblea Popular Nacional de China aprobó el jueves una nueva ley denominada "unidad étnica", consolidando políticas estatales orientadas a fortalecer el uso del mandarín, también conocido como putonghua, como la "lengua común nacional". La legislación establece su obligatoriedad en la educación, los asuntos oficiales y la comunicación en espacios públicos.

La nueva ley, aunque promovida por el gobierno chino como un mecanismo para fortalecer la cohesión nacional y la comunicación intercultural, ha despertado inquietudes entre defensores de los derechos humanos. Estas organizaciones argumentan que la imposición del mandarín podría marginalizar aún más a los grupos minoritarios, erosionando sus lenguas maternas y culturas distintivas. Se teme que la ley limite el acceso a la educación y a los servicios públicos para aquellos que no dominen el mandarín.

El gobierno chino aún no ha emitido declaraciones detalladas sobre las preocupaciones planteadas por las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, la implementación de esta ley será vigilada de cerca por la comunidad internacional, prestando especial atención a su impacto en las comunidades minoritarias y en la preservación de la diversidad lingüística y cultural en China.