Un total de 56 condenados por delitos sexuales y dos exagentes de la dictadura chilena recibieron rebajas de pena. La revelación periodística provocó un cruce de acusaciones entre el Gobierno y el máximo tribunal del país.
Un total de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y dos convictos por torturas durante el régimen de Augusto Pinochet obtuvieron beneficios de reducción de condena. La medida fue aplicada mediante decretos emitidos por el Gobierno encabezado por el ultraderechista José Antonio Kast, generando una profunda controversia en la opinión pública.
El caso salió a la luz pública luego de que el medio local ‘Interferencia’ investigara y revelara la emisión de dichos decretos. Tras la filtración de la noticia, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema iniciaron un intercambio de señalamientos, culpándose mutuamente sobre la responsabilidad legal y administrativa en la concesión de estos beneficios carcelarios.
Ante la gravedad de los hechos, diversas bancadas y voces al interior del Parlamento chileno manifestaron su tajante rechazo a la medida. Los legisladores exigieron la inmediata invalidación de los decretos para evitar la impunidad de los agresores sexuales y de los violadores a los derechos humanos durante la dictadura.
