Tragedia en Hermosillo: Justicia en Marcha
A casi dos meses del devastador incendio en Waldo's Hermosillo, que cobró la vida de 24 personas, incluyendo una mujer embarazada, la Fiscalía de Sonora ha actuado. Operativos simultáneos resultaron en múltiples detenciones y el cierre preventivo de las 68 sucursales de la cadena en todo el estado.
La madrugada de este miércoles, la Fiscalía de Sonora ejecutó cateos y órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del incendio ocurrido en la tienda Waldo's del centro de Hermosillo. La acción judicial responde a la investigación en curso sobre el siniestro que enlutó a la comunidad sonorense, resultando en la irreparable pérdida de vidas y generando un profundo impacto social. De manera extraoficial, trascendieron los nombres de Juan González, Jesús Valenzuela, Armando Castañeda, Santa Aguilar, Carlos Arias, José Luis Alcalá y Florencio Díaz como algunos de los detenidos, aunque la Fiscalía aún no ha confirmado el número exacto ni la situación jurídica de cada uno. Un total de 25 órdenes de aprehensión fueron emitidas por un juez.
Documentos judiciales filtrados revelan que los delitos imputados a los detenidos abarcan una amplia gama, incluyendo homicidio culposo, aborto (debido al fallecimiento de la mujer embarazada), lesiones, daños por incendio, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal. Entre los detenidos figuran Juan Manuel González Alvarado, quien fuera titular del CEPC Sonora y delegado de la SADER, y Joaquín Rodríguez Véjar, exsecretario del Ayuntamiento de Hermosillo durante la administración de Célida López.
González Alvarado está señalado como el responsable de firmar los oficios de revisión del Waldo's, en los cuales se rechazaba el plan interno de Protección Civil por incumplimientos a la ley. Por su parte, Rodríguez Véjar enfrenta cargos por incumplimiento de un deber legal. La investigación también reveló que la tienda siniestrada operaba sin los dictámenes aprobatorios correspondientes desde hacía cinco años, evidenciando una alarmante negligencia en materia de seguridad y protección civil.
