En un movimiento que anticipa la controversia, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentará un proyecto clave para el debate sobre la prisión preventiva oficiosa. El proyecto busca permitir la participación de la ministra María Estela Ríos González, cuya imparcialidad ha sido cuestionada.

El debate sobre la prisión preventiva oficiosa, un tema de alta sensibilidad y relevancia en el sistema judicial mexicano, se avecina en la SCJN. En este contexto, Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente del máximo tribunal, ha tomado la iniciativa de proponer un proyecto que busca garantizar la participación de la ministra María Estela Ríos González en la discusión. La propuesta de Aguilar Ortiz surge a pesar de las dudas planteadas sobre la objetividad de Ríos González, considerando que previamente, durante su gestión como consejera jurídica del Ejecutivo federal (2021-2024), la ministra abogó por la continuidad de la prisión preventiva oficiosa, solicitando que no se invalidara esta medida.

El proyecto que Aguilar Ortiz presentará hoy argumenta que la imparcialidad de Ríos González no se encuentra comprometida, permitiéndole así emitir su voto en un asunto de gran trascendencia para la justicia en México. Esta iniciativa ha generado diversas reacciones en el ámbito jurídico y político, abriendo un debate sobre la separación de poderes y la independencia judicial. La decisión final sobre la participación de la ministra Ríos González recaerá en el pleno de la SCJN, que deberá evaluar los argumentos presentados y determinar si existe un conflicto de interés real que impida su participación.

La controversia en torno a la participación de Ríos González subraya la importancia del debate sobre la prisión preventiva oficiosa. Este mecanismo legal, que permite la detención preventiva sin necesidad de una orden judicial en ciertos delitos, ha sido objeto de críticas por organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que vulnera la presunción de inocencia y contribuye al hacinamiento carcelario. El debate en la SCJN representa una oportunidad crucial para revisar la constitucionalidad de esta figura y su impacto en el sistema de justicia mexicano.