La Cámara de Diputados aprobó una prórroga que aplaza la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hasta 2031. Esta decisión retrasa la modernización de los procesos judiciales que afectan directamente los conflictos cotidianos de los ciudadanos.
Con una votación mayoritaria, el pleno de la Cámara de Diputados determinó retrasar la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Originalmente, el ordenamiento legal estaba programado para operar a más tardar en 2027; sin embargo, el plazo se extendió cuatro años más, moviendo la fecha límite hasta 2031.
Esta reforma es fundamental para homologar los criterios en la resolución de controversias entre particulares en todo el territorio mexicano. Al postergar su entrada en vigor, se mantiene la disparidad actual en los procedimientos estatales para gestionar asuntos de alta sensibilidad social como divorcios, herencias, pensiones alimenticias y juicios testamentarios.
Legisladores señalaron que la medida busca dar mayor margen operativo a las entidades federativas para adaptar sus sistemas judiciales. No obstante, especialistas advierten que este diferimiento prolonga la incertidumbre jurídica y retrasa la justicia pronta y expedita que el nuevo código prometía garantizar para las familias mexicanas.
