El año 2025 se consolida como un parteaguas en la estructura institucional de México. Con la eliminación del INAI, la CRE y el IFT, se cierra un ciclo de organismos autónomos que nacieron con la promesa de contrapesar el poder y garantizar transparencia y competencia.

En una transformación profunda del panorama institucional mexicano, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) marca un punto de inflexión. Estos organismos, creados durante administraciones del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), surgieron como respuesta a la necesidad de equilibrar el poder, fomentar la competencia en sectores estratégicos y promover la transparencia en la gestión pública. Su objetivo primordial era salvaguardar los derechos ciudadanos y garantizar la rendición de cuentas del gobierno.

La justificación para la eliminación de estos organismos autónomos, según fuentes oficiales, se basa en la búsqueda de eficiencia administrativa y la eliminación de duplicidades en funciones gubernamentales. Sin embargo, críticos y expertos han manifestado su preocupación por el impacto en la transparencia, la protección de datos personales, la regulación energética y la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Argumentan que la concentración de poder en manos del Ejecutivo podría debilitar los contrapesos institucionales y limitar la capacidad de los ciudadanos para acceder a información pública y exigir rendición de cuentas.

El futuro de las funciones que antes desempeñaban el INAI, la CRE y el IFT es incierto. Si bien se ha anunciado que serán absorbidas por dependencias gubernamentales, la implementación y el impacto real de esta reestructuración aún están por verse. El debate sobre la autonomía de los órganos reguladores y la necesidad de garantizar la transparencia y la competencia en México continúa abierto, generando interrogantes sobre el rumbo que tomará el país en materia de gobernanza y rendición de cuentas.