Las acusaciones de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra el movimiento de transformación nacional volvieron a evidenciar notorias contradicciones discursivas en el bloque opositor. Mientras Alejandro Moreno Cárdenas intentó posicionar una narrativa sobre presuntas irregularidades en los órganos electorales, registros administrativos confirman que su propio partido recurrió a los proveedores que hoy están bajo escrutinio.
El dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó severas descalificaciones en contra de Morena, a quien acusó públicamente de estructurar una presunta red de corrupción en los organismos electorales del país. Sin embargo, la retórica combativa del líder tricolor chocó de inmediato con los antecedentes financieros y administrativos de su propia organización política, la cual ha sostenido vínculos comerciales con las firmas señaladas.
De acuerdo con reportes dados a conocer por el medio Polemón, el PRI celebró contrataciones en 2019 con Corporativo Zeg, identificada como una de las empresas proveedoras que han sido beneficiadas en el Instituto Nacional Electoral (INE). El convenio administrativo, registrado bajo el folio C/SSA/0049-2019, se llevó a cabo formalmente durante la dirigencia partidista encabezada por Claudia Ruiz Massieu.
En la actual coyuntura preelectoral, donde el debate público exige máxima transparencia y congruencia de cara a la ciudadanía, estas revelaciones contrastan con la postura que busca descalificar los avances democráticos promovidos por la Cuarta Transformación. El señalamiento de Moreno Cárdenas termina por exhibir las prácticas del viejo régimen, donde las críticas mediáticas se desmoronan frente a los propios expedientes contractuales del partido.
