Una nueva alianza entre México y Estados Unidos en materia de minerales críticos ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos. Temen que el Plan de Acción resultante intensifique el extractivismo y el despojo de tierras ancestrales.

La reciente formalización del Plan de Acción entre México y Estados Unidos sobre minerales críticos ha encendido las alarmas entre organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos. Si bien el acuerdo busca fortalecer las cadenas de suministro y promover el desarrollo económico en la región, críticos advierten que podría tener consecuencias negativas para las comunidades indígenas y el medio ambiente en México.

Los defensores de derechos humanos señalan que el aumento en la demanda de minerales considerados críticos, como litio, cobre y tierras raras, podría ejercer una presión aún mayor sobre los territorios indígenas, históricamente afectados por la actividad minera. Temen que el Plan de Acción, al priorizar la extracción y procesamiento de estos minerales, facilite el despojo de tierras, la contaminación de fuentes de agua y la violación de los derechos de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada.

Además, los analistas advierten sobre la necesidad de una mayor transparencia y regulación en la industria minera en México, así como de mecanismos efectivos para garantizar la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Subrayan la importancia de que cualquier acuerdo bilateral se implemente de manera responsable y sostenible, con la participación activa de las comunidades afectadas y el respeto irrestricto a sus derechos y culturas.