La administración del alcalde Marco Bonilla Mendoza se encuentra en el ojo del huracán tras la adjudicación de un contrato millonario para el arrendamiento de patrullas. La operación, que asciende a mil 57 millones de pesos, ha levantado sospechas por el supuesto sobreprecio y los vínculos de la empresa beneficiada con un suplente del alcalde.

El ayuntamiento de Chihuahua, liderado por el alcalde panista Marco Bonilla Mendoza, ha generado controversia al contratar el arrendamiento de 300 camionetas destinadas a patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El contrato, valuado en mil 57 millones de pesos por un periodo de ocho años, fue otorgado a la empresa Supervisión Técnica del Norte, cuyo vínculo con negocios del munícipe suplente Jorge Cristóbal Cruz Russek ha suscitado interrogantes sobre la transparencia del proceso.

Según reportes, el precio acordado por el arrendamiento de las patrullas triplica su valor comercial. Esta diferencia sustancial ha provocado fuertes críticas por parte de diversos sectores de la sociedad civil y la oposición, quienes exigen una investigación exhaustiva para determinar si existió algún tipo de irregularidad o conflicto de interés en la adjudicación del contrato. La situación ha escalado a niveles de debate público, con acusaciones de posible malversación de fondos y falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Ante la creciente presión, el ayuntamiento de Chihuahua ha defendido la legalidad del contrato, argumentando que se realizó bajo estrictos parámetros técnicos y legales. Sin embargo, la justificación no ha logrado disipar las dudas, y la polémica continúa generando incertidumbre sobre el futuro de la administración municipal y la confianza de la ciudadanía en sus representantes.