Las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump sobre un supuesto 'robo' de petróleo venezolano a Estados Unidos han desatado interrogantes. Aunque la historia petrolera de Venezuela está intrínsecamente ligada a la participación estadounidense, surge la duda sobre si esto otorga a Washington un derecho legítimo de reclamación.

Las recientes afirmaciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que sugirió que Venezuela habría 'robado' petróleo a su país, han generado desconcierto y un intenso debate. Estas declaraciones reabren el capítulo de la profunda y a menudo conflictiva relación histórica entre Washington y la industria petrolera venezolana, un vínculo que, si bien es innegable, no se traduce automáticamente en un derecho de propiedad o reclamo sobre el crudo.

Desde los albores del siglo XX, empresas estadounidenses tuvieron un papel preponderante en el desarrollo y la explotación del vasto recurso petrolero venezolano. Gigantes energéticos como Standard Oil y otras corporaciones invirtieron capital, tecnología y experiencia, contribuyendo significativamente a la configuración de la industria y la economía del país sudamericano. Esta participación, que evolucionó con el tiempo desde la concesión hasta la nacionalización progresiva de los recursos, estableció una compleja red de intereses y dependencias mutuas entre ambas naciones.

Sin embargo, la existencia de una relación histórica y de inversión no implica, bajo el derecho internacional o los principios económicos modernos, que Estados Unidos pueda reclamar una propiedad actual sobre el petróleo venezolano. La soberanía de los recursos naturales de un país es un pilar fundamental del derecho internacional. Las nacionalizaciones ocurridas en Venezuela, si bien fueron procesos complejos y a menudo disputados en términos de compensación, representaron la asunción del control estatal sobre sus propios recursos, una práctica que fue común en varios países productores de petróleo a lo largo del siglo XX. Las palabras de Trump, por lo tanto, parecen ignorar este marco legal y la evolución de la industria petrolera global.