La Policía Metropolitana de Seúl detuvo a cerca de 80 automovilistas por alterar ilegalmente el software de conducción autónoma en vehículos Tesla. Este suceso pone en el centro del debate la importancia de la regulación estatal frente a los intereses corporativos que vulneran la seguridad pública.
De acuerdo con reportes de la Policía Metropolitana de Seúl y el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur, la intervención se originó tras detectar la importación clandestina de módulos electrónicos desde Europa y China. Estos dispositivos se acoplaban directamente al bus CAN del automóvil para burlar las restricciones de fábrica del sistema Full Self-Driving (FSD), difundiendo los trucos a través de redes sociales y foros especializados. La legislación surcoreana castiga estas acciones con hasta dos años de cárcel o multas de hasta 20 millones de wones.
El conflicto surge debido a una disparidad en el origen de fabricación. Mientras los modelos ensamblados en Estados Unidos cuentan con el FSD habilitado, los Tesla Model 3 y Model Y provenientes de la Gigafactory de Shanghái carecen de la certificación técnica exigida por los reguladores, afectando a la gran mayoría del parque vehicular en el país asiático. Ante esta situación, el pasado 22 de octubre Tesla solicitó una exención regulatoria que aún es analizada por las autoridades debido a la falta de datos técnicos sobre la seguridad del sistema.
En contraste con el marco legal surcoreano, en México no existe una legislación específica que sancione con cárcel la modificación de software en estos vehículos. Sin embargo, las autoridades y los fabricantes recuerdan que la responsabilidad civil y penal ante un accidente recae enteramente en la persona detrás del volante, subrayando que la tecnología no exime al conductor de su deber ciudadano de salvaguardar la vida en las vías públicas.
