El año 2025 se vislumbra como un periodo crucial en la lucha contra la corrupción en México. Mientras diversas voces claman por una ciudadanía informada y activa como antídoto, persisten acusaciones sobre un modelo que, lejos de empoderar, estaría generando una base clientelar. Este panorama complejiza el camino hacia una menor impunidad y una mayor transparencia.

En el umbral del año 2025, el combate a la corrupción y la reducción de la impunidad en México continúan siendo temas centrales en la agenda pública y el debate nacional. Especialistas y diversos sectores de la sociedad civil han enfatizado recurrentemente la necesidad de fomentar una ciudadanía informada, participativa y activa como un pilar fundamental para lograr un control efectivo sobre estos flagelos que afectan al país.

Sin embargo, voces críticas han levantado señalamientos contundentes respecto a la dirección de las políticas actuales. Estas posturas sugieren que, contrariamente al ideal de empoderamiento ciudadano, las acciones impulsadas durante la actual administración, conocida como la 'Cuatroté', podrían estar configurando un modelo más cercano a la construcción de una clientela política. Se argumenta que esta base de apoyo se manifestaría en la capacidad de movilizar grandes contingentes para eventos en el Zócalo, la participación en marchas mediante supuestos 'acarreo', y una votación masiva por candidatos al Poder Judicial, cuya selección, según estas críticas, estaría predeterminada o influenciada por intereses particulares.

Este contraste entre la visión de una ciudadanía autónoma y la crítica sobre el fomento de un clientelismo marca un punto de inflexión en la discusión sobre la transparencia y la rendición de cuentas. La complejidad de estos señalamientos resalta la urgencia de un análisis profundo sobre los mecanismos implementados para fortalecer el estado de derecho en el próximo año, el cual ha sido denominado '2025: año de corrupción' en diversas plataformas, incluyendo una publicación inicial de SinEmbargo MX.